León, Gto.- Crear imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento y posteriormente difundirlas, podría tener consecuencias legales específicas en Guanajuato; en el Congreso del Estado se busca ampliar la respuesta jurídica frente a nuevas formas de violencia digital, particularmente aquellas que afectan a niñas, adolescentes y mujeres.
El tema fue discutido este miércoles en León durante el Segundo Foro de Consulta en materia de violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas por razón de género, realizado en la Universidad La Salle.
La iniciativa es impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN y actualmente forma parte de un proceso de análisis en el que participan especialistas e instituciones relacionadas con procuración de justicia y derechos humanos.
La diputada Ana María Esquivel Arrona sostuvo que la legislación necesita responder a conductas que han surgido o adquirido nuevas dimensiones con el uso de herramientas y plataformas digitales.
La legisladora señaló que más de la mitad de las niñas y adolescentes que utilizan internet han vivido violencia en línea, dato que utilizó para argumentar la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, atención y sanción.
“Son muchas las circunstancias que refuerzan la necesidad de legislar a fin de establecer políticas públicas para la prevención, atención y sanción de actos de violencia digital”, señaló.
Pero una eventual reforma no terminaría con la aprobación de nuevas sanciones. Durante el análisis también se planteó la necesidad de preparar a las instituciones encargadas de recibir denuncias e investigar estos hechos.
La especialista en justicia penal Arantxa Arias Cabrera advirtió que las Fiscalías deberán contar con personal capacitado y evitar prácticas que terminen criminalizando a quienes denuncien haber sido víctimas de este tipo de violencia.
Desde la Fiscalía del Estado, Elizabeth Hernández Madera reconoció que una modificación legal obligaría a actualizar y capacitar al personal encargado de atender estos casos.
“Es un reto, pero será útil para no dejar a las víctimas en estado de indefensión”, señaló.
Otro de los puntos discutidos fue la percepción de que una agresión cometida únicamente en internet puede tener consecuencias menores.
Abraham Gerónimo Jasso Bravo, coordinador de la Defensoría Especializada para Adolescentes, rechazó esa idea al señalar que las afectaciones de una conducta digital pueden extenderse a otros ámbitos de la vida de las víctimas.
“Las interacciones no siempre son amigables y no siempre es necesario que los agresores y las víctimas tengan contacto físico”, afirmó.
Consideró además que una reforma podría establecer mayores herramientas para evitar que las autoridades minimicen una denuncia simplemente porque los hechos ocurrieron en un espacio virtual.
Desde la perspectiva de derechos humanos, Agustín Eugenio Martínez Elías, jefe de Investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, señaló que el crecimiento de la vida digital también obliga a trasladar hacia esos espacios los mecanismos de protección existentes fuera de internet.